Retraso en la compra de vacunas Pfizer contra el Covid 19: Hugo Sigman negó haber sido favorecido por el gobierno de Alberto Fernández

Hugo Sigman, fundador y CEO del Grupo Insud, se negó a responder preguntas este jueves durante su declaración indagatoria ante la Justicia, en relación con la demora inicial en el acuerdo con el laboratorio Pfizer para la provisión de vacunas contra el Covid-19. Sin embargo, en un escrito, afirmó que el retraso “estuvo relacionado con las condiciones jurídicas exigidas por la compañía y el marco legal argentino, y no con una exigencia de incorporar un socio local”. Además, negó cualquier favoritismo por parte del Gobierno de Alberto Fernández hacia sus empresas.

“No existe evidencia que permita vincular relaciones personales o profesionales con una maniobra concreta destinada a desplazar a Pfizer para beneficiar económicamente a AstraZeneca, Mabxience, Sinopharm o Elea Phoenix”, señaló para explicar su rol en la provisión de vacunas al Estado durante la pandemia de 2020 y 2021, según informaron fuentes de su defensa a Clarín. Cabe destacar que Sigman mantiene una estrecha relación personal con el exministro de Salud Ginés González García.

El empresario declaró vía Zoom debido a que tiene 83 años y reside en Madrid. Su testimonio se centró, entre otros temas, en la demora en la compra de las vacunas de Pfizer, así como en la adquisición de las Sputnik V a Rusia y las Sinopharm a China. La pandemia de Covid-19 provocó más de 130.000 muertes en Argentina.

Ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Carlos Stornelli, Sigman explicó que “Mabxience produjo el principio activo de la vacuna AstraZeneca, pero no vendió vacunas al Estado argentino ni obtuvo beneficios vinculados con la cantidad de dosis adquiridas por el país”.

Fuentes de la defensa señalaron que “Elea Phoenix participó técnicamente en una parte del ensayo clínico de la vacuna china Sinopharm, pero no intervino en su comercialización ni obtuvo beneficios derivados de las compras realizadas por el Estado”.

La defensa calificó la imputación fiscal como construida “sobre inferencias y una valoración fragmentaria de los hechos, sin evidencia suficiente de una conducta con relevancia jurídico-penal”, por lo que solicitaron el sobreseimiento en la causa. El exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona representa a Sigman.

El fiscal Stornelli, en su dictamen, respaldó una denuncia presentada por diputados de Juntos por el Cambio, acusando a la exministra Carla Vizzotti y otros funcionarios de haber impulsado la compra de vacunas locales y de las Sputnik V en busca de “un beneficio propio o de un tercero en forma incompatible con el ejercicio de las funciones públicas”, en el marco de las negociaciones con distintos laboratorios para la adquisición de vacunas contra el Covid-19.

Asimismo, el fiscal sostuvo que durante la pandemia existió una “matriz de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses”.

Desde mediados de 2020, Pfizer habría ofrecido 13,3 millones de dosis, y el fondo Covax, dependiente de la Organización Mundial de la Salud, otras 25 millones. Sin embargo, según Stornelli, “habría existido por parte de los funcionarios nacionales un claro favoritismo hacia laboratorios locales que actuarían como socios de fabricantes de vacunas, a quienes el Gobierno habría privilegiado autorizando la venta y relegando a quienes no tenían dicha asociación local”.

Tres meses atrás, la exministra Vizzotti sostuvo en su declaración indagatoria que no participó en la redacción de la Ley 27.573, que retrasó la compra de vacunas Pfizer, ni en las negociaciones con Rusia y laboratorios locales para la adquisición de Sputnik V. Aunque se negó a responder preguntas, entregó un escrito negando las imputaciones y se amparó en la mencionada ley que autorizó la compra directa de vacunas. Esta normativa, impulsada por la diputada kirchnerista Cecilia Moreau, incluyó el concepto de negligencia y trabó la negociación con Pfizer.

Vizzotti, ministra de Salud entre 2021 y 2023 tras la renuncia de González García, afirmó que su trabajo se limitó a aspectos estrictamente sanitarios, técnicos y epidemiológicos, vinculados al análisis científico, la caracterización de plataformas vacunales, criterios de eficacia, seguridad, logística y estrategias de implementación.

Por su parte, la defensa de Sigman destacó que “AstraZeneca y la Fundación Carlos Slim promovieron un esquema para producir la vacuna contra el Covid-19 a un costo accesible para América Latina, con un precio de 4 dólares frente a los 12 o más de otras vacunas”.

AstraZeneca contrató a Mabxience, cuya planta se encuentra en Garín, provincia de Buenos Aires, para fabricar el principio activo, mientras que la formulación y llenado de viales quedó a cargo del laboratorio Liomont, en México.

Las fuentes aclararon que “Mabxience no vendió vacunas al Estado argentino, no participó en la comercialización, distribución o adjudicación, ni intervino en los ensayos clínicos o el registro sanitario, responsabilidades que correspondieron exclusivamente a AstraZeneca”.

Por ello, indicaron que Mabxience no fue un “socio local” para la venta de vacunas, sino un proveedor industrial contratado para fabricar el principio activo. AstraZeneca encargó a Mabxience una cantidad destinada a aproximadamente 220 millones de dosis para Latinoamérica, independiente de la cantidad adquirida finalmente por Argentina o demás países de la región.

La defensa recalcó que Mabxience no se beneficiaba directamente si Argentina aumentaba sus compras de AstraZeneca, ya que su remuneración estaba vinculada al servicio de fabricación y no al volumen adquirido por el Estado. Según AstraZeneca, Argentina recibió finalmente el 9% del total de vacunas vendidas por la compañía en América Latina.