Las declaraciones del representante del Ministerio Público marcaron un punto de inflexión en la causa. Según explicó, la extracción y el análisis del contenido de los teléfonos celulares de la pareja aportaron indicios que no solo contradicen la hipótesis original, sino que también abren la posibilidad de una redistribución de responsabilidades entre los adultos que convivían con el niño. “No sería sorpresivo un cambio de roles”, deslizó el fiscal, en una frase que resonó con fuerza tanto en el ámbito judicial como en la opinión pública.

Ese “cambio de roles” al que aludió Olazábal apunta directamente a la madre biológica del menor, Mariela Altamirano. De acuerdo con las nuevas líneas investigativas, la mujer podría haber tenido una participación mucho más activa y determinante en el episodio de violencia extrema que terminó con la vida de su hijo. Incluso, no se descarta que haya sido quien aplicó los golpes más severos.

La hipótesis no surge de manera aislada. A los datos obtenidos de los dispositivos electrónicos se suman testimonios recogidos en el entorno familiar y social que describen antecedentes de conductas agresivas por parte de la madre hacia otros de sus hijos. Estos relatos, que ahora forman parte del expediente, refuerzan la sospecha de que la violencia no habría sido un hecho excepcional, sino parte de una dinámica previa que no logró ser detectada a tiempo por los organismos de protección.

En paralelo, el informe de la autopsia terminó de configurar un cuadro estremecedor. Los peritos forenses determinaron que el niño presentaba más de veinte lesiones en la zona craneal, todas compatibles con un único episodio de agresión de extrema intensidad. El informe concluyó que esas heridas derivaron en un paro cardiorrespiratorio que terminó con su vida en cuestión de minutos.

La brutalidad del ataque dejó al descubierto un nivel de violencia difícil de dimensionar, lo que llevó a los investigadores a descartar rápidamente la posibilidad de un accidente o de un hecho aislado de menor gravedad. Desde ese momento, la causa pasó a ser tratada como un homicidio agravado, con la expectativa de que se determinen con precisión las responsabilidades individuales.

Mientras la investigación avanza, el caso también registró movimientos importantes en el plano judicial, particularmente en lo que respecta a la representación de la familia de la víctima. Luis López, padre del niño, decidió reforzar la querella con la incorporación del abogado Roberto Castillo, quien recientemente obtuvo la habilitación formal para ejercer en la provincia de Chubut.

Hasta este punto, Castillo había participado de manera indirecta debido a cuestiones jurisdiccionales, delegando funciones en representantes locales. Con su matriculación ya confirmada, el letrado asumirá un rol protagónico en la estrategia judicial de la familia, con el objetivo de impulsar medidas que permitan esclarecer el hecho y garantizar que los responsables reciban la máxima pena prevista por la ley.

El ingreso de Castillo fue recibido con expectativa por el entorno cercano del padre del menor. Lorena Andrade, actual pareja de Luis López y figura clave en la vida de Ángel durante los períodos en los que convivió con su padre, expresó públicamente su respaldo a la nueva etapa de la querella. “Ahora vamos con todo”, afirmó, dejando en claro la intención de la familia de seguir cada instancia del proceso con un nivel de involucramiento total.

Andrade también remarcó la importancia de que los acusados permanezcan bajo prisión preventiva mientras avanza la causa. Según su postura, existe riesgo de entorpecimiento de la investigación y la gravedad del delito justifica que se mantengan las medidas restrictivas. La familia exige no solo justicia, sino también garantías de que el proceso no se dilate ni se vea afectado por maniobras dilatorias.

El caso, que generó una profunda conmoción en la comunidad de Comodoro Rivadavia y en todo el país, volvió a poner en el centro del debate la problemática del maltrato infantil y las falencias en los sistemas de protección. Cómo es posible que situaciones de violencia reiterada no hayan sido detectadas a tiempo es una de las preguntas que atraviesa el expediente y que podría derivar en futuras responsabilidades institucionales.

En ese contexto, los investigadores continúan recolectando pruebas y profundizando el análisis de la información obtenida. Cada nuevo dato parece confirmar que el entramado detrás de la muerte de Ángel es más complejo de lo que se pensaba, y que la reconstrucción de los hechos requerirá un trabajo minucioso para determinar quién hizo qué en los momentos previos al desenlace fatal.

La posibilidad de que la madre haya tenido un rol central en la agresión introduce un elemento particularmente sensible en la causa. No solo por el vínculo directo con la víctima, sino también por el impacto que genera en la percepción social del caso. La figura materna, tradicionalmente asociada al cuidado y la protección, aparece aquí bajo una luz completamente distinta, lo que intensifica la conmoción y el rechazo.

A medida que se acerca la etapa en la que podrían definirse imputaciones más precisas, tanto la fiscalía como la querella coinciden en la necesidad de actuar con firmeza. El objetivo es evitar cualquier margen de impunidad en un caso que, por su gravedad, exige una respuesta contundente del sistema judicial.

Por ahora, el expediente sigue en plena etapa investigativa, con múltiples líneas abiertas y un escenario que continúa evolucionando. Lo único claro es que la muerte de Ángel López no fue un hecho aislado ni producto del azar, sino el resultado de una violencia extrema que ahora busca ser plenamente esclarecida.