2 noviembre, 2026

Investigan una presunta estafa inmobiliaria denunciada por siete futbolistas argentinos

Siete futbolistas y exjugadores argentinos denunciaron una presunta estafa vinculada con inversiones para comprar, remodelar y alquilar propiedades en Estados Unidos. La causa quedó radicada en la UFI N.º 3 de La Plata y apunta a cuatro socios de una firma inmobiliaria, además de la esposa de uno de ellos y un sobrino que, según la denuncia, llevaba las cuentas de la compañía. La presentación involucra operaciones realizadas en Baltimore, Maryland, y describe reuniones comerciales organizadas en La Plata y Puerto Madero para captar inversores.

Investigan una presunta estafa inmobiliaria denunciada por siete futbolistas argentinos
Algunos de los futbolistas mencionados entre quienes denunciaron las inversiones inmobiliarias.

Según el planteo, los empresarios ofrecían un servicio integral para adquirir y administrar viviendas y prometían rendimientos anuales de entre el 10% y el 11% en dólares. La firma mencionada en la denuncia es FPBC LLC. El primer antecedente relatado se remonta a julio de 2021: un inversor que ya tenía una casa en Baltimore buscó ayuda para repararla y, tras el contacto con uno de los denunciados, habría incorporado dinero a otros proyectos. La presentación sostiene que varios clientes llegaron a través de sus vínculos con el fútbol.

Los denunciantes afirman que, al revisar por su cuenta los inmuebles, encontraron propiedades con multas municipales, impuestos y servicios impagos, incumplimientos de normas de construcción o dificultades para ser vendidas por separado debido a su situación registral. También señalaron que algunas viviendas no se terminaron ni se transfirieron, mientras que otras estaban deterioradas, ocupadas o expuestas a ejecuciones por deudas. Esas condiciones, de acuerdo con la denuncia, podían exigir nuevas inversiones para recuperar los bienes.

La presentación atribuye al grupo de siete futbolistas desembolsos por US$ 2.125.000. En el expediente también se describe el caso de otro damnificado, que afirmó haber destinado US$ 79.000 a la remodelación y administración de su propiedad. Los denunciantes piden que se determine qué papel tuvo cada socio, quién conocía el estado real de los inmuebles y qué destino tuvieron los fondos. Las acusaciones todavía deben ser investigadas y no constituyen una condena.

El abogado de los denunciantes solicitó medidas de prueba, entre ellas declaraciones testimoniales, pericias contables y pedidos de información sobre la empresa y sus operaciones. El fiscal Gonzalo Petit Bosnic convocó a declarar a varios denunciantes y requirió otras diligencias para avanzar en una investigación que, según la fuente, recién comienza.